Un equipo interdisciplinario del Ministerio de Justicia se constituyó en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Kambyreta, lugar en el que realizó un seguimiento procesal de personas privadas de libertad. El viceministro de Política Criminal Daniel Benítez encabezó la comitiva.
Durante el operativo, realizado los días 21 y 22 de julio del corriente, se verificó la situación procesal de más de 302 internos prevenidos y condenados, así como de atención vulnerable. En el período comprendido entre enero de 2021 a julio de 2022, el equipo interdisciplinario realizó un seguimiento procesal de 1.175 personas privadas de libertad.
En el marco del seguimiento de relevamiento, se les realizó una entrevista y entrega de un formulario a rellenar de manera voluntaria por las PPL en el cual se consignan las preguntas requeridas para su posterior revisión y seguimiento correspondiente.
Durante las distintas intervenciones, se contó con la articulación de jueces de la Circunscripción Judicial de Itapúa, así como también de funcionarios de la Defensoría Pública para el acceso a servicios en el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, establecido en la Ley 5162/2014. Además, se brindó prestación médica por parte de funcionarios de la Dirección de Salud Penitenciaria.
Es preciso mencionar que estas entrevistas arrojan resultados importantes ya que se puede conversar libremente con las PPL, además de conocer si los defensores tanto públicos como privados mantienen conversación con las mismas, ya que es sabido que la Constitucional Nacional y las demás leyes consagran el debido proceso por el que un ciudadano debe someterse.
De las reuniones tomaron parte también, el director general del Sistema Penitenciario Julio Balbuena y el director de Cereso Carlos Silva. A más de estos, estuvo una comitiva del Viceministerio de Política Criminal conformada por el director de Unidad Especializada de Seguimiento Procesal Pedro Peralta, la directora de Atención a Grupos Vulnerables Letizia Sanabria y el director de Política Criminal Rodrigo Nicora. Entre los magistrados estuvieron, la jueza de Ejecución Penal de Encarnación Sonia Rojas y el juez de Ejecución Penal de Garantías Miguel López.
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