Esta mañana, el ministro de Justicia Édgar Olmedo recibió en su despacho a representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ocasión en que les propuso la conformación de una mesa interinstitucional a fin de abordar temas relacionados a los procedimientos del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP), procedimientos de requisa y de traslados administrativos, y atención médica de personas privadas de libertad (PPL).
Tanto el ministro Olmedo, como el viceministro de Justicia Édgar Taboada y el viceministro de Política Criminal Daniel Benítez, concurrentes, refirieron a que la Cartera de Justicia está trabajando actualmente en un Protocolo de Uso de la Fuerza. A más, manifestaron el deseo de realizar un abordaje interinstitucional encaminado a dar solución sobre los puntos de preocupación antes mencionados en materia de Derechos Humanos. Asistió también, el director general de DD. HH. Rafael Escobar.
Por otra parte, al término del encuentro, la comisionada del MNP Lourdes Barboza -que conformó la delegación junto a los comisionados José Antonio Galeano y José Carlos Rodríguez-, declaró:
“El Mecanismo está dispuesto a incidir y realizar las recomendaciones y aportes que pudieren ser de utilidad para el abordaje de esta situación que le preocupa y le parece que el espacio de discusión, que es a convocatoria del Ministerio de Justicia, puede ser adecuado para intercambiar los aportes.
Como Mecanismo, tenemos la misión de prevenir situaciones que propicien los malos tratos y la tortura en los lugares donde se encuentran las personas privadas de libertad, y por ello ante denuncias recibidas, hemos emitido un comunicado llamando al Ministerio de Justicia al cese de violencia al interior de los penales como única respuesta a los conflictos penitenciarios. A más de esto, hemos hablado del caso de los traslados administrativos y de las órdenes judiciales de traslado para garantizar tanto la vinculación familiar, como el abordaje de su salud y el seguimiento de su causa judicial.
Suponemos que con el diálogo alentaremos la disminución de la actual crispación de conflictividad penitenciaria, y que ese es un afán que nos une con la ciudadanía y todos los órganos del Estado, en términos de políticas públicas”, dijo Lourdes Barboza.
Para finalizar, es importante resaltar que con esta iniciativa el Ministerio de Justicia busca articular acciones para la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
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