En la fecha, el ministro de Justicia Édgar Olmedo encabezó la representación de Paraguay en la celebración virtual de la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y autoridades análogas, junto a 22 estados Miembros, con el fin de generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto en materia de justicia.
Durante este encuentro presidido por el Secretario General Enrique Gil Botero, fue presentado el Informe de Gestión Económico y Financiero 2019, 2020 y avance 2021, Estado de Convenios Internacionales, Reporte de seguimiento de los mandatos de la XXI Asamblea Plenaria de Medellín y Reuniones de Comisión Delegada 2020 y 2022, entre otros.
El ministro Olmedo al momento de su alocución, saludó a los altos funcionarios participantes y resaltó la importancia del foro regional de justicia que asegura el intercambio de políticas públicas por sociedades más justas e inclusivas. Seguidamente compartió con sus pares sobre algunos puntos en el foco de atención, pertinentes al compromiso de acción sobre los Derechos Humanos de la población privada de libertad y la humanización de los sistemas penitenciarios en Iberoamérica. También, asintió sobre la importancia del fortalecimiento de medidas contra el acoso sexual y/o razón de sexo en el trabajo para los organismos iberoamericanos.
En una segunda ronda de intervención por parte de nuestro país, se digirió al auditorio el viceministro de Política Criminal Daniel Benítez, quien esbozó que Paraguay se encuentra superando una crisis sanitaria mundial, que, aunque la ha golpeado como a todos, también le ha dejado la enseñanza y el desafío de implementar prácticas innovadoras a fines de asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, principalmente de las privadas de libertad.
Agregó, que el Ministerio de Justicia se encuentra impulsando la implementación del uso de la tecnología para asegurar la realización de las audiencias por medios telemáticos, que a la luz de la experiencia en pandemia se podría concluir que es de uma eficacia tanto para evitar retrasos en la administración de justicia, como para administrar recursos financieros y mitigar los riesgos en el manejo de casos complejos que involucran a actores de grupos del crimen organizado.
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