El Ministerio de Justicia de Paraguay se encuentra impulsando un proceso de reforma penitenciaria a la luz de las normas de fuente domestica e internacionales, reorganizando todo el apartado institucional a fin de cumplir el objeto de las penas previsto en la Constitución de la República, reconociendo que es necesario el proceso de ajustes tendientes a adecuaciones a las más reciente normativas y enfoques en materia penitenciaria, en consonancia con el Código de Ejecución Penal y las Reglas de Mándela, en particular.
En el año 2014 se promulga el Decreto 1796 “Por el cual se reorganiza la estructura del Ministerio de Justicia y se crea el Viceministerio de Política Criminal” que, entre sus objetivos establece:
“Velar por la vigencia del imperio de la Ley, el derecho y la justicia; formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas y estrategias en materia de ordenamiento jurídico, política criminal y penitenciaria, defensa y seguridad jurídica, gestión jurídica del derecho, justicia transicional y restaurativa, asuntos carcelarios y penitenciario, política juvenil; socialización de la información jurídica y promoción de la cultura de la legalidad, la concordancia y el respeto de los derechos humanos, la cual se desarrollara a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo”.
Asegurar una adecuada política en el Sistema Nacional Penitenciario (…)
El Plan Estratégico Institucional 2.017-2021, establece Objetivo Estratégico 1 “Asegurar y promover la atención y el tratamiento adecuado de las personas privadas de libertad para una efectiva reinserción social”.
Cambio paradigmático en el sistema penitenciario: “Formando Técnicos para agentes penitenciarios de un modelo centrado en la seguridad, otro capacitado para coadyuvar a las personas privadas de libertad, en su proceso para su readaptación, y posterior reinserción social”.
Es necesario entender y desarrollar el proceso de cambio, en el que se están modificando las antiguas estrategias para el control de la privación de libertad basadas fundamentalmente en lo custodial, de seguridad estática, donde el interés primordial era el encierro, por un modelo en el cual la seguridad es importante, pero se utiliza como cimiento para la intervención socioeducativa, que permitan un abordaje multidisciplinario con la finalidad de que la persona privada de libertad una vez que finalice su reclusión se integre a la sociedad como con posibilidades de acceder a opciones laborales que le permitan no reincidir, implicando un cambio para su vida y la de su familiar, y un aporte transcendental a la seguridad ciudadana, siendo la formación de los y las agentes penitenciarios, un factor clave, tendiente a lograr cambios para su vida en la cultura institucional, en el transitar hacia un modelo centrado en la readaptación y posterior reinserción en la sociedad.
La presencia de un nuevo paradigma en el sistema penitenciario, el cual irrumpe con el viejo paradigma cuya principal características se la asocia con las practicas militarizadas centradas en la seguridad y una distancia entre el personal y las personas privadas de libertad pretende ser superados con procesos de formación que preparen a los y las agentes penitenciarios capacitados para coadyuvar a las personas privadas de libertad, en su proceso para su readaptación y posterior reinserción social.
De esta manera, se reconoce la importancia de la formación inicial y de la permanente en servicio, como instancias en las que las y los agentes van adquiriendo conocimientos, habilidades, valores y prácticas que conforman el entramado de una cultura determinada, en este caso, de la cultura penitenciaria.
Partiendo del entendido que, la cultura establece como se resuelven los problemas y qué tipo de comportamiento es el aceptable, incidir por medio de la formación y el trabajo diario, para estimular un desempeño laboral consciente que apunte a jerarquizar la asistencia y el tratamiento en el mismo rol penitenciario, superando actitudes propias del antiguo “celador”, constituye el mayor desafío.