Visión

Ministerio confiable, efectivo y moderno, con un equipo humano comprometido con apoyo y aplicación de innovaciones tecnológicas, en el modelo de gestión transparente que asegura el acceso a la identidad, a la justicia inclusiva y a la información pública, que promueve la seguridad jurídica y el estado de derecho e implementando una gestión de la política penitenciaria y penal adolescente consolidada conforme a estándares internacionales, contribuyendo al desarrollo social y económico del país.

Misión

Asegurar el acceso a la identidad y velar por el respeto y la vigencia de los derechos humanos a todos los ciudadanos, con énfasis en el acceso a la justicia y a la información pública, coordinar y ejecutar estrategias de un ordenamiento jurídico sistematizado y simplificado; brindar condiciones adecuadas de atención y tratamiento para la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad y de los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como también la prevención de la delincuencia juvenil de manera coordinada con las instituciones relacionadas.

Valores

Compromiso

Servicio

Eficiencia

Transparencia

Idoneidad

Ética

Honestidad

Integridad

Objetivos estratégicos

Asegurar la implementación de la política penitenciaria con un modelo de gestión moderno acorde a las recomendaciones nacionales e internacionales en concepto de infraestructura, atención y tratamiento adecuado de las personas privadas de libertad para lograr una efectiva reinserción social.

Garantizar y promover el acceso al derecho de la identidad de todas las personas a partir de un servicio confiable y de fácil acceso a la ciudadanía.

Velar por el desarrollo personal de los adolescentes en conflicto con la ley penal, promoviendo la salud integral y la educación que permita su rehabilitación y su efectiva reinserción social.

Promover, respetar y proteger los derechos humanos, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad, en coordinación con las demás instituciones del Estado.

Facilitar el acceso a la justicia, especialmente a los sectores más vulnerables, promoviendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Promover y desarrollar un sistema de protección jurídica del Estado, y asegurar el control técnico de los proyectos normativos, velando por la certidumbre jurídica en sinergia con otros organismos competentes.

Promover el libre acceso de las personas a la información pública que permita el control ciudadano en la gestión pública que contribuya a la transparencia y la lucha contra la corrupción.