Uno de los ejes de acción del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, a través del Ministerio de Justicia, es la promoción y facilitación del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Esta función se desarrolla a través del Programa Nacional de Casas de Justicia, que fue creada por Decreto N° 3296/15, que instituyó el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia y estableció el mencionado programa.Otra de las prioridades dentro de este programa es el acceso a la identidad.
Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia consiste en acciones que combinan el diseño de políticas públicas y el desarrollo institucional, a partir de un modelo de articulación interinstitucional que derriba las barreras y allana los caminos en materia de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.
El programa tiene tres líneas de acción: Casa de Justicia, que tiene su base en el barrio San Francisco, de Asunción; Casa de Justicia Móvil; y, Capacitación. Las actividades que se realizan se enmarcan en las recomendaciones del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE), que es un sistema interinstitucional que facilita la sistematización de las recomendaciones internacionales de derechos humanos realizadas al Paraguay por los diferentes órganos y procedimientos especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pasado viernes se realizó una exitosa jornada de “Casa de Justicia Móvil”, en el barrio Santa Rosa, de Limpio. En la oportunidad se brindaron más de 500 asistencias en materia legal, sanitaria, identidad, educación y los programas sociales que ofrece el Gobierno Nacional. Se prevén actividades similares en otras ciudades para el presente semestre.
En la oportunidad participaron instituciones como el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, Registro del Estado Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Justicia Electoral, SNPP, Senadis, entre otros.
Cabe señalar que el objetivo de este tipo de jornadas es facilitar el acceso a servicios públicos e impulsar la formalización de las relaciones del ciudadano con el Estado en sus diversas formas, como así también la promoción y protección de los derechos humanos, y el acceso a la justicia de grupos o poblaciones específicas, considerando que el acercamiento a la identidad, salud, educación, programas sociales que ofrece el gobierno es un derecho de todos.
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