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Ministerio de Justicia con participación activa en el Plan Acción de Gobierno Abierto
Publicado: 04/30/18 02:17:p. m.

Con activa participación del Ministerio de Justicia se desarrolló el primer taller sobre Acceso a Información Pública (AIP) y Transparencia, en donde se socializaron y debatieron las propuestas desde el Estado y la sociedad civil para elaborar los compromisos del cuarto Plan de Gobierno Abierto 2018-2020.

A través de la Dirección de Acceso a la Información Pública, dependiente de esta cartera de Estado, se propuso impulsar la instalación de consultorios jurídicos especializados en AIP en el interior del país, implementar el Derecho al AIP dentro de la malla curricular de la educación formal básica, e impulsar la modificación de la Ley 5282/2014 para dotar a la misma de facultades coercitivas a las instituciones responsables de su aplicación.

“Este trabajo en conjunto entre instituciones públicas y sociedad civil es el cimiento para fortalecer la aplicación del derecho al Acceso a la información Pública”, señaló Elida Dávalos, directora de Acceso a Información Pública del Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia cumplió con los compromisos asumidos en el tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto como la instalación de consultorios jurídicos especializados en Acceso a Información Pública y capacitaciones sobre la Ley 5282/2014. Fue posible llegar al objetivo gracias a las alianzas estratégicas establecidas con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y departamentales, y por el trabajo interinstitucional con la Secretaría Técnica de Planificación, la Senatics y la Senac.

Gobierno Abierto es una iniciativa de los gobiernos de varios estados que promueven la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la administración pública para lo cual los países asumen compromisos en el marco de un Plan de Acción de Gobierno Abierto.

El Plan de Acción es un documento que recoge los compromisos que asume el gobierno de cara a los principios de Gobierno Abierto y que incluyen metas, plazos e instituciones responsables de implementarlos. Tiene una vigencia bianual y es desarrollado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.


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