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El Ministerio de Justicia denunció ante el JEM a los responsables del irregular operativo judicial en el Centro Educativo de Itauguá
Publicado: 04/30/18 02:45:p. m.

El Ministerio de Justicia presentó denuncia contra la jueza Penal de la Adolescencia de Luque, Carmen Rossana Román; la jueza de Ejecución de Central, Rosalía González; y la fiscal Antidrogas de San Lorenzo, Lourdes Bobadilla, por mal desempeño en sus funciones. La acusación fue planteada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Los magistrados denunciados fueron responsables del operativo realizado el pasado 19 de febrero en el Centro Educativo de Itauguá, lo ejecutaron con absoluto desconocimiento de las leyes nacionales y normas internacionales. En el irregular procedimiento utilizaron armas de grueso calibre y excesiva violencia, en los pabellones destrozaron los bienes de la institución y de los adolescentes.

El régimen penal de los jóvenes difiere al de los adultos, porque conforme a principios internacionales de Justicia penal juvenil se aboca a la reeducación del adolescente y su reintegración y reinserción en la familia y la comunidad.

El ministro de Justicia, Ever Martínez informó al presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos acontecidos en el Centro Educativo de Itauguá. Asimismo, solicitó que los funcionarios denunciados sean procesados por mal desempeño en sus funciones, puesto que demostraron ignorancia de las leyes en su actuación.

La comitiva llegó a la institución con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes estaban equipados con armas de grueso calibre, en un recinto en el que están prohibidas las armas de fuego conforme disponen las reglas "'Reglas de la Habana", las cuales son disposiciones de las Naciones Unidas para la protección de los adolescentes privados de libertad.

Las autoridades del Centro Educativo y del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Sennai) desde un principio y en reiteradas ocasiones informaron de las reglas nacionales e internacionales que debían ser consideradas por la comitiva. Además, manifestaron el afán de cooperar con la comitiva judicial, y en ningún momento mostraron ser una amenaza o estuvieron descontrolados para propiciar el uso excepcional de la fuerza.

La conducta de los denunciados derivó negativamente en el estado de ánimo de los adolescentes privados de libertad, como fruto de la violenta actuación.


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